27 febrero, 2016

Mociones de Trato Ciudadano en la Diputación

Grupo Provincial



Diputación Provincial de Ávila






AL PLENO DEL 29 DE FEBRERO DE 2016


            Don Rubén Arroyo Nogal como Portavoz del Grupo Provincial Trato Ciudadano en la Diputación Provincial de Ávila según lo dispuesto en el art. 97.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales, presenta ante este Pleno Corporativo, para su inclusión en el orden del día, la siguiente PROPOSICIÓN a fin de que sea debatida y sometida a votación por el Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
            En el mes de septiembre del pasado año, el pleno de Diputación Provincial de Ávila acordó por unanimidad, a propuesta de Trato Ciudadano, la realización de una evaluación externa de la Relación de Puestos de Trabajo de esta administración, a fin de adecuarla a la realidad organizativa y competencial actual de la Diputación.
            Cinco meses después, tras la aprobación de los presupuestos que incluían una partida para dicho fin, la propuesta va tomando forma y, en un corto periodo de tiempo, saldrán a concurso las bases para realizar dicha auditoría.
            Como ya se indicaba en la exposición de motivos de aquella proposición: “La edad media de los trabajadores de esta casa es alta y se abre ante nosotros la posibilidad de llevar a cabo esa reforma estructural de una forma ordenada, paulatina, rápida y sin trastorno para la calidad del servicio ofertado”. No es casualidad que la mayoría de personal, que en los próximos cuatro años dejará de prestar servicios en esta casa, son funcionarios de carrera. Funcionarios, como ya saben no sobran en la Diputación, a pesar de que según el EBEP debería ser el procedimiento de acceso prioritario a cualquier administración pública, pero, causalmente, las ofertas de empleo público en los últimos veinte años, siendo generoso en la terminología, han sido testimoniales.
            El equipo de gobierno, bajo el amparo del futuro estudio de la RPT, ha encontrado el paraguas para aplazar, y no afrontar, el desaguisado que en materia de personal tiene la Diputación y va parcheando las necesidades del servicio dando carácter de legalidad a situaciones inverosímiles heredadas de anteriores gestores.
            Pero la realidad, y el día a día, llaman a la puerta y mientras se analiza, se negocia, se aprueba y se pone en marcha la futura Relación de Puestos de Trabajos (unos cuantos meses) son varios los puestos de trabajo, algunos de ellos de especial relevancia como jefaturas de servicio, se quedan vacíos y/o se ocupan con rocambolescos nombramientos.
            Ante esta situación se hace necesario cubrir determinadas plazas vacantes por su importancia en el funcionamiento de la estructura de la Diputación, más cuando, en los Presupuestos Generales del Estado, parece levantarse ligeramente el veto a la contratación pública permitiendo una tasa de reposición del 50% e instando a las administraciones a mantener las restricciones a la contratación de personal laboral temporal y al nombramiento de funcionarios interinos, atribuyendo a esta un carácter rigurosamente excepcional y vinculándolo a necesidades urgentes e inaplazables.
            Dice el Preámbulo del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local que “la selección de todo el personal ya sea funcionario, ya laboral, debe realizarse de acuerdo con la correspondiente oferta de empleo público, mediante convocatoria pública y a través del sistema de concurso, oposición o concurso oposición libre, en los que se garanticen, en todo caso, los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad.
            En el Estatuto Básico del Empleado Público así como en varios Reales Decretos se hablan de que “Las necesidades de recursos humanos que no puedan ser cubiertas con los efectivos de personal existentes serán objeto de oferta de empleo público”y que estas se harán “en el primer trimestre de cada año”.


            Por lo expuesto, el Grupo Provincial Trato Ciudadano presenta al Pleno esta PROPOSICIÓN para que se someta a votación el siguiente ACUERDO:

            1.- Iniciar el procedimiento urgente para la elaboración de una Oferta de Empleo Público para el año 2016, de cara a publicarse en el mes de marzo. Atendiendo a las necesidades reales de cobertura de plazas vacantes necesarias  por razones de servicio.

En Ávila, 24 de febrero de 2016




Rubén Arroyo Nogal
Portavoz del Grupo Provincial de Trato Ciudadano










Grupo Provincial


Diputación Provincial de Ávila



 AL PLENO DEL 29 DE FEBRERO DE 2016


            Don Rubén Arroyo Nogal como Portavoz del Grupo Provincial Trato Ciudadano en la Diputación Provincial de Ávila según lo dispuesto en el art. 97.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales, presenta ante este Pleno Corporativo, para su inclusión en el orden del día, la siguiente PROPOSICIÓN a fin de que sea debatida y sometida a votación por el Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
            El artículo 20 de la Constitución Española establece el derecho de toda la ciudadanía a la libertad de expresión y de información, fijando que deben ser las administraciones públicas las garantes de que sus administrados reciban una información veraz, a través de cualquier medio de comunicación, bajo los preceptos del respeto a la pluralidad de la sociedad y a las diversas lenguas de España.
            Por lo que estar informado debe ser y es un derecho público y, por tanto, las administraciones deben velar por el cumplimiento de dicho servicio de acuerdo a la Carta Magna. Evitando las concentraciones periodísticas, los monopolios y favorecer la pluralidad, mediante la adecuada utilización del presupuesto público bajo su potestad. Además esta intervención debe estar bajo control y estricta regulación, con el fin de evitar posibles condicionamientos políticos o institucionales de los medios.
         La libertad de prensa y el acceso a la información pública constituyen la única garantía para la existencia de un auténtico sistema democrático. La libertad y el pluralismo sólo pueden garantizarse con el máximo respeto a los derechos de libertad de expresión e información, sin presiones políticas ni económicas.
         El derecho a la información garantiza una opinión pública libre. En una democracia avanzada, los ciudadanos deben tener un adecuado conocimiento de la realidad que les rodea; fundamental para que éstos pueda tomar sus decisiones de forma consciente y meditada. Sin ese conocimiento sería imposible que sus opciones personales pudieran ser verdaderamente libres y pueda existir un adecuado control popular del poder público. Así es, que Trato Ciudadano defiende que la pluralidad en los medios de comunicación implica limitar la propiedad de las empresas de comunicación, impidiendo disponer de acciones en distintas empresas de comunicación; en segundo lugar, requiere fortalecer la posición del periodista, para dotar a éste de capacidad de resistencia frente a las presiones de los directores, empresarios y gestores de los medios. Estamos hablando de la objeción de conciencia periodística: el derecho a no firmar, a negarse a participar en la elaboración de informaciones contrarias a los principios éticos de la comunicación, al despido con indemnización por cambios en la línea editorial, etc.
            Trato Ciudadano, en estos momentos, cree necesario el establecimiento y mantenimiento de ayudas públicas, pero reguladas de forma muy rigurosa evitando que los poderes públicos condicionen a los medios, interviniendo en aquellos mercados informativos cerrados, compensando así la falta de pluralismo. Consideramos dada la opacidad de las partidas presupuestarias destinadas a los medios y el reparto de las mismas que a día de hoy se hace más necesario que nunca.
            Es por esto que las subvenciones, y cualesquiera otra partida presupuestaria destinada a los medios de comunicación, como aquellas con fines publicitarios, deben ser de conocimiento público, con el fin de evitar dudas y desconfianza sobre el verdadero fin de las mismas. Esta es, en buena medida, la esencia de la transparencia: por un lado eliminar toda duda o sospecha y por otro servir a la participación directa de la ciudadanía en las instituciones, en especial a nivel local, donde la democracia directa no sólo es posible, si no necesaria.
            En esta casa, según los presupuestos aprobados el pasado mes de enero, nos gastaremos 210.000,00 € (un 0,39% del presupuesto) en Publicidad y Comunicación. Gran parte de dichas partidas irán a parar a medios de comunicación privados en base a las políticas de comunicación de la Diputación.
            Preguntado, por este portavoz, en comisión sobre los criterios y sobre cuál era el órgano competente para la distribución y el reparto de dichas cuantías se obtuvo la respuesta de que la competencia recaía en el Gabinete de Presidencia. Lo que nos lleva a la duda de si son trabajadores eventuales los que deciden y adjudican que medios y en que cuantías reciben publicidad institucional.
            Para Trato Ciudadano es una necesidad regular los criterios de adjudicación de los contratos, acuerdos y/o convenios, garantizando un trato igualitario y objetivo a los distintos medios de comunicación provinciales.
            Por todo ello, reivindicamos la lucha activa contra los monopolios periodísticos, así como la transparencia más absoluta en relación a las partidas presupuestarias destinadas a los medios de comunicación privados, en favor de una adecuada separación de poderes, que garantice el acceso de la información a la ciudadanía.

            Por lo expuesto, el Grupo Provincial Trato Ciudadano presenta al Pleno esta PROPOSICIÓN para que se someta a votación el siguiente ACUERDO:

1.- Se establezca un reparto objetivo del dinero que esta Diputación Provincial destina a los medios de comunicación con el que se difunden los eventos provinciales y la difusión institucional, terminando así con la discrecionalidad en el reparto de dichas partidas que existe en la actualidad.

            2.- Que para el cumplimiento del punto 1. se fijen por consenso un Reglamento entre todos los grupos políticos de la institución que fije unos criterios objetivos de asignación y distribución en un plazo de 3 meses.

            3.- Que, en el proceso de mejora de la transparencia de esta administración, se incluya el desglose de los montantes económicos percibidos por los distintos medios de comunicación de ámbito provincial en los últimos tres años; con el detalle de la cuantía, la concreta empresa de comunicación y el concepto (subvención, publicidad institucional, etc.).

En Ávila, 22 de febrero de 2016



Rubén Arroyo Nogal
Portavoz del Grupo Provincial de Trato Ciudadano

23 febrero, 2016

Moción de Trato Ciudadano para el Pleno del Ayto de Ávila

Grupo Municipal




Ayuntamiento de Ávila





AL PLENO DEL 26 DE FEBRERO DE 2016


Doña Alba Moreno Tejedor como Portavoz del Grupo Municipal Trato Ciudadano en el Ayuntamiento de Ávila según lo dispuesto en el art. 97.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales, presenta ante este Pleno Corporativo, para su inclusión en el orden del día, la siguiente PROPOSICIÓN a fin de que sea debatida y sometida a votación por el Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En 2013, la Comisión Europea recibió el mandato de los estados miembros de la Unión Europea (UE) de negociar con los Estados Unidos (EEUU) el Tratado Transatlántico del Comercio y de la Inversión (ATCI, más conocido como TTIP por sus siglas en inglés), también conocido como Acuerdo Trasatlántico de Libre Comercio (TAFTA) presuntamente con el fin de incrementar el comercio entre la UE y EEUU, reduciendo las barreras no arancelarias, con objeto de conseguir crear empleo, crecimiento económico y mejora de la competitividad.

Desde entonces, UE y EEUU están negociando, de espaldas a la ciudadanía y a sus representantes políticos (parlamentos nacionales y europeo) un amplio acuerdo de liberalización de comercio e inversiones, que representa un serio peligro para la democracia y la debida protección de los derechos laborales, medioambientales y de salud, anteponiendo el interés comercial de los inversores y empresas transnacionales (ETN) al interés general. Los estados miembros desconocen el mandato oficial de la Comisión. La información es muy limitada y la práctica de implicar solamente a un número muy pequeño de agentes para seguir las negociaciones es fuertemente criticada por los municipios puesto que el resultado de dichas negociaciones tendrá implicaciones importantes para las entidades locales.

Esta ausencia de transparencia y limitación en la participación de los ciudadanos y sus representantes chocan frontalmente con la filosofía y las señas de identidad de Trato Ciudadano.

El TTIP contempla medidas para la protección de los inversores que incluyen el mecanismo conocido como ISDS (siglas en inglés del mecanismo de resolución de conflictos entre Estados e Inversores). Este órgano tendría competencias para establecer compensaciones económicas de los estados a los inversores siempre que estos demuestren que aquellos aplican ciertas medidas que reduzcan los beneficios presentes o futuros de una compañía. El Estado en este caso puede recurrir judicialmente la decisión y le pueden dar la razón, pero le va a suponer unos costes procesales muy elevados. Además, las decisiones de los órganos de arbitraje son firmes y no pueden ser apeladas. Estas fórmulas no son necesarias en países con sistemas legales y judiciales altamente desarrollados, tales como la Unión Europea y los Estados Unidos.

El TTIP, al perseguir la liberalización total de los servicios públicos y la apertura de prestación de los mismos a las ETN, así como a las compras y licitaciones de bienes y servicios de las Administraciones Públicas, pone en peligro todos los servicios públicos y las compras públicas, en todos los niveles de poder, y compromete seriamente la capacidad de los representantes elegidos para administrar libremente sus comunidades locales y promocionar la industria, empleo e iniciativas locales. Este Ayuntamiento de Ávila también es objeto de estas limitaciones por lo que debe reaccionar en defensa de sus competencias en el ámbito de los servicios que presta a la ciudadanía.

La competitividad y el desarrollo económico no deberían ser los únicos criterios para determinar los acuerdos comerciales como el TTIP. Así mismo, los aspectos ecológicos y sociales tienen que ser considerados en cualquier negociación comercial bilateral. También es importante que se realice un análisis comparativo sobre los costes que se generarían en estos ámbitos con la aplicación del tratado respecto a las supuestas ventajas que reportaría el mismo. Este análisis no sólo debe implicar sus efectos económicos potenciales, sino también los impactos que el TTIP podría tener en ámbitos como el social, el económico, el sanitario, el cultural y el medioambiental, tanto en la UE como en los EEUU. Ya son centenares los municipios europeos que han presentado moratorias al TTIP y son municipios declarados opuestos al Tratado. En España ya son más de 46 los ayuntamientos que han aprobado mociones similares a la que hoy se presenta en Ávila.

El TTIP se discute a nivel europeo, pero tendrá consecuencias directas en las políticas locales. El Tratado restará soberanía en el ámbito local para decidir sobre las políticas públicas que más directamente afectan a la ciudadanía. Creemos que dicho tratado no se está negociando con la debida transparencia teniendo en cuenta las importantes consecuencias que sufriría la población, entre las que cabe destacar:
ü  Deterioro de los sistemas públicos de Sanidad, Educación y Pensiones, a favor de un sistema donde las corporaciones privadas tengan más presencia.
ü  Recortes en los derechos laborales de los trabajadores y trabajadores y también en las libertades sindicales.
ü  Las normativas que regulan los derechos de los consumidores sufrirán una fuerte rebaja en los estándares de protección al desaparecer el “principio de precaución” que evita la puesta en el mercado de productos sin que se garantice que no son dañinos para la salud de las personas.
ü  Pérdida de soberanía alimentaria y amenaza del comercio regional y local por “armonización” de barreras no arancelarias y supresión de certificados de origen. En este sentido conviene recordar que nuestra ciudad es capital de una provincia en la que se producen tres productos reconocidos por una Indicación Geográfica Protegida y uno por una Denominación de Origen, cuya desprotección tendría unos efectos evidentes en cuanto al empleo y la economía local.
ü  Establecimiento de una regulación en materia de propiedad intelectual y derechos digitales en beneficio de las grandes corporaciones impidiendo el acceso universal a la cultura y el conocimiento.
ü  Entrada de productos transgénicos y carne hormonada y tratada con antibióticos, todos ellos hoy prohibidos por la UE por ser peligrosos para la salud.
ü  Instauración de tribunales de arbitraje privados, conocidos como ISDS que pueden demandar a un estado, región o municipio por ver sus intereses comerciales amenazados y que conllevarían el pago de indemnizaciones millonarias.
ü  Creación del Comité de Cooperación Reguladora que permite a los lobbies corporativos establecer leyes acordes a sus intereses particulares socavando la soberanía de los Parlamentos estatales o territoriales.
ü  Es un tratado que beneficia claramente a las corporaciones por encima de los derechos de las personas y el medio ambiente.



Por lo expuesto, el Grupo Municipal Trato Ciudadano presenta al Pleno esta PROPOSICIÓN para que se considere y se someta a votación para el siguiente


ACUERDO.

1. Declarar al Municipio de Ávila como Municipio opuesto al TTIP, defendiendo los servicios públicos básicos para la solidaridad y redistribución social y el impulso de la economía y el empleo local.
2. Solicitar del futuro Ministerio de Economía o su equivalente en el organigrama de gobierno que se establezca, la suspensión de las negociaciones del TTIP y otros acuerdos comerciales similares, con la finalidad de conseguir:
*        que mecanismos como el ISDS no sean incluidos en éste ni ningún otro tratado
*        defender la actual política reguladora de la UE y de sus Estados de manera que no se pierdan competencias en materias de legislación social, laboral, protección al consumidor y medio ambiente
*        que el tratado no se limite a objetivos meramente económicos y se le dé la misma importancia y sean de tratados de igual forma en el acuerdo los objetivos sociales y los ambientales
*        que se acabe con la actual falta de transparencia de las negociaciones, se haga pública toda la información y se abra un debate público en la UE y en sus respectivos parlamentos nacionales
*        que los servicios públicos y la propiedad intelectual sean excluidos del acuerdo.


En Ávila, 19 de febrero de 2016







Alba Moreno Tejedor
Portavoz del Grupo Municipal de Trato Ciudadano

06 febrero, 2016

XVI ASAMBLEA CIUDADANA

Aula Magna de la Residencia Sto. Tomás
Plza de Granada, sn


XVI ASAMBLEA CIUDADANA
(06 febrero 2016)

ORDEN DEL DÍA:

17-17,30H Apertura de la Sala y Preparativos.
17,30h-17,45h Informe del período inicial de Trato en las Instituciones.
17,45-17-50h Informe sobre la creación de la Asociación “Apoyo al Tato Ciudadano”.
17,50-18h Debate y aprobación del esquema organizativo y financiero para 2016.
18-18,15h Posiciones, actitudes y propuestas de Trato, como referencia para el cambio en Ávila.
18,15-18,30h Propuesta y debate de la ASAMBLEA INFORMATIVA DE PRIMAVERA (como estrategia para dar a conocer a la ciudadanía en general la actividad, posiciones y objetivos de Trato Ciudadano para una Ciudad Amable: Concejo Vecinal Abierto, Convocatorias Divulgativas en los barrios, edición díptico de 5 puntos de referencia para el cambio en Ávila, etc.)
              Eventos en colaboración:
              Jornadas Medioambientales
              Muestra Emergente 2016
              Debates para un Nuevo Proyecto Urbano

18,30-18,45h Debate y aprobación de la Hoja de Ruta para 2016.
18,45-19h Ruegos y Preguntas.


Trato Ciudadano Invita a la Asamblea Abierta  a los diversos colectivos y personas comprometidas por el cambio participativo en Ávila