18 febrero, 2017

MOCIÓN DE TRATO CIUDADANO PARA EL PRÓXIMO PLENO DEL AYUNTAMIENTO

Grupo Municipal
                                                                                                                                  



           
                        Ayuntamiento de Ávila






AL PLENO DEL 24 DE FEBRERO DE 2017

Doña Alba Moreno Tejedor como Portavoz del Grupo Municipal Trato Ciudadano en el Ayuntamiento de Ávila según lo dispuesto en el art. 97.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales, presenta ante este Pleno Corporativo, para su inclusión en el orden del día, la siguiente PROPOSICIÓN a fin de que sea debatida y sometida a votación por el Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Comisión Informativa Especial del Centro de Tratamiento de Inertes de la Alamedilla, concluyó sus trabajos mediante Acta del 23 de enero de 2017, que se limitaba a constatar y recoger la presentación de las conclusiones formuladas por los diversos grupos políticos, pero sin efectuar la más mínima y elemental tarea de contrastar, discutir e integrar las diferentes cuestiones planteadas, de forma que pudiese llegarse a dictaminar una posición fundada como tal Comisión Informativa. Razón por la que se estima que el asunto ni ha sido fijado en sus términos por la Comisión, ni ésta ha cumplido con la función que como órgano municipal tenía encomendada.

La Comisión Informativa Especial del Centro de Tratamiento de Inertes de la Alamedilla, creada por Acuerdo del Pleno, tiene la obligación de elevar sus conclusiones para que puedan ser debatidas y fijadas por el órgano plenario que ordenó su creación y la elaboración de sus trabajos, pues de otra forma se trataría de un esfuerzo inútil que dejaría orillado el interés general y el derecho de la ciudadanía a conocer el funcionamiento de sus servicios y el esfuerzo económico que se les exige para su cotidiana actuación.

Contrariamente a lo que se pretende hacer creer, no se trata ni de un asunto pasado en el tiempo ni anacrónico en ninguno de sus aspectos. Es un problema que persiste vigente y necesitará de constantes preocupaciones, en tanto el volumen de residuos y sus componentes altamente contaminantes no dejarán de afectar al entorno y especialmente a los arroyos y escorrentías deudores del Arroyo de las Rominillas que vierte directamente al Embalse de las Cogotas. Por otro lado, el asunto es tan actual y vigente como que están pendientes de pago los gastos de enterramiento del vertedero que ascienden a 2.000.000 € provenientes de la Junta de Castilla y León, más 191.557,69 € del Ayuntamiento de Ávila. Razones todas más que suficientes para que el Ayuntamiento de una explicación a la ciudadanía sobre la situación deparada y el tremendo coste económico y ambiental que le viene suponiendo a todos.



Por lo expuesto, el Grupo Municipal Trato Ciudadano presenta al Pleno esta PROPOSICIÓN para que se considere y se someta a votación el siguiente

ACUERDO.

Que, por el Presidente de la Comisión Informativa Especial del Centro de Tratamiento de Inertes de la Alamedilla, se le inste al Secretario de la misma la elevación del expediente y de las actuaciones al Alcalde, para la inclusión del asunto en el orden del día del Pleno a celebrar en el mes de marzo próximo.

En Ávila, a 17 de febrero de 2017.










Alba Moreno Tejedor
Portavoz del Grupo Municipal de Trato Ciudadano



17 febrero, 2017

NOTA DE PRENSA SOBRE RECURSO PRESENTADO POR TRATO


NOTA DE PRENSA

Ávila 16 de febrero de 2017


TRATO CIUDADANO RECURRE EL ANUNCIO DE LICITACIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE CARRETERAS PROVINCIALES-ZONA II


El Grupo Provincial Trato Ciudadano ha recurrido ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León el anuncio de licitación nº 8/17 “Conservación de Carreteras Provinciales-Zona II” de la Diputación Provincial de Ávila por considerar errónea la calificación jurídica del contrato.
El contrato más importante de la Diputación Provincial, con un presupuesto base de licitación total de 7.380.154,92 euros, fue anunciado en el BOP nº3 de 5 de enero de 2017 como un contrato de Obras, a pesar de que Trato Ciudadano ya indicó en la tramitación del expediente y durante la votación en el Pleno, que existe un informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa perteneciente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas relativo a un contrato de idénticas características de la Diputación de Zamora. Dicho informe concluye categóricamente que en este tipo de contratos su calificación jurídica es la de contrato de servicios. (Informe 28/13)
En dicho informe se hace referencia expresa, por parte de la Diputación zamorana, a la similitud con los contratos realizados por las Diputaciones de Valladolid, Salamanca y Ávila.
Trato Ciudadano entiende que la calificación como contrato de obras frente al contrato de servicios solo consigue, y busca, una restricción en el acceso a la licitación de los posibles adjudicatarios, ya que los criterios de acceso para las empresas concurrentes son mucho más restrictivos.
Un contrato de servicios abriría la concurrencia a un mayor número de empresas ofertantes lo que repercutiría en un posible mejor servicio y un posible mejor precio de contrato, pero sobre todo una licitación más transparente y abierta frente al predeterminado final que se le puede intuir con el contrato de obras anunciado y en licitación.
El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León ya ha comunicado la admisión a trámite del recurso, aunque queda pendiente que se pronuncie sobre la petición de Trato Ciudadano para suspender el procedimiento hasta que se pronuncie el Tribunal.
Trato Ciudadano quiere además denunciar las formas en las que el equipo de gobierno tramita la mayoría de contratos de la institución provincial. Siendo este caso concreto el más flagrante, ya que a pesar de que los pliegos de condiciones están formados por centenares de folios, el diputado de área, Carlos García González, sometió a dictamen el contrato en la Comisión de Cooperación Económica Local, Empleo, Vías y Obras, Régimen Interior y Organización Interna, habiendo entregado a los diputados de la comisión un resumen de seis folios justo antes de comenzar la sesión. Lo que vulnera cualquier principio de transparencia y de acceso a la información por parte de la oposición.


DIPUTADO PROVINCIAL TRATO CIUDADANO

–Rubén Arroyo Nogal-

08 febrero, 2017

NOTA DE PRENSA SOBRE PUESTOS DE CONFIANZA EN DIPUTACIÓN


NOTA DE PRENSA

Ávila 07 de febrero de 2017


LA DIPUTACIÓN PROPIEDAD DE LOS INTERESES DEL PRESIDENTE Y DEL PARTIDO POPULAR

La idea, generalmente extendida, de que la Diputación opera como agencia de colocación del PP es la que surge inmediatamente al conocerse el nombramiento como personal de confianza especial de un mal denominado Jefe de Protocolo y de un Asesor de Presidencia (imaginamos que jurídico) por el Presidente. Tales nombramientos no vienen precedidos, como marcan las normas, de la publicación del anuncio oficial de cese de ningún otro puesto de confianza. Además, hay que aceptar que lo dictaminado en la Comisión de Hacienda varía sustancialmente con lo aprobado por el Pleno en el caso de los trabajadores eventuales, como el aumento de salario indiscriminado de una Auxiliar Administrativo del PP en casi 9.000 euros anuales.
Se trata de personal eventual que “sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial” (art. 12, R. Decreto Legislativo 5/2015, Ley del Estatuto Básico del Empleado Público), y al que le están prohibidas funciones de jefatura de ningún tipo. El Presidente conoce sobradamente ese precepto, que fue objeto de los debates preliminares de la legislatura precisamente documentado por Trato Ciudadano mediante el propio dictamen de la Federación de Municipios y Provincias. Pero, como ahora, prescindió de la norma jurídica de forma consciente y nombró como personal eventual al Jefe de Enfermería de la Residencia Infantas, un puesto de estructura funcionarial que ahora se endosa al paquete de “liberados políticos” de su partido debidamente remunerados.
Existe un defecto de forma flagrante en el cumplimiento formal del trámite impuesto por la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local, en su art. 104.1 para la modificación de puestos de personal eventual que, “sólo podrán modificarse con motivo de la aprobación de los Presupuestos anuales”. Pero es claro que el puesto de Jefe de Enfermería, que es esencial para el funcionamiento del centro, ha sido desempeñado de forma eventual frente a los informes contrarios del Secretario (el primero tras cuatro meses de espera) durante los últimos dieciocho meses, que se ha dejado vacante por interés político sin expectativa de provisión conforme a los principios de publicidad, mérito y capacidad, quedando en espera de “candidato idóneo”. Pero hoy la dotación económica de un puesto de estructura funcionarial ha pasado a otro de confianza política, dejando al Centro sin Jefe de Enfermería. Al margen de cualquier órgano de gobierno y de la lógica legal, en los pasados días se ha convocado una plaza de psicólogo de carácter laboral temporal.
La relación de puestos de trabajo, imprescindible para delimitar objetivamente el ámbito político del funcionarial, que debería haber sido entregada hace un mes por la empresa adjudicataria(a la que se primó, precisamente, por proponer anticipar su redacción) sigue sin estar disponible habiendo incumplido el plazo de entrega. Aunque su redacción estaba marcada por directrices del equipo de gobierno, que imponía mantener los puestos vigentes, tan siquiera ha sido constituida la comisión de valoración y seguimiento prevista en los pliegos, que se incumple al igual que el plazo de entrega. Ni se han seguido las tres fases marcadas en el pliego de prescripciones técnicas, ni siquiera se ha reunido a la Comisión de Recursos Humanos desde el uno de abril de 2016. Esta es la realidad que describe la responsabilidad y preocupación del Presidente por una función pública profesional e independiente, objetiva, eficaz y eficiente: NINGUNA. La única preocupación del equipo de gobierno, anunciada ya en junta de portavoces, es que la empresa redactora haga algunas correcciones para que hasta los puestos de jefes de sección sean de libre designación.
Pero, normas a un lado, el Presidente sí que ha nombrado al Presidente de la Asociación de la Prensa de Ávila para el puesto de Jefe de Protocolo y como Asesor de Presidencia al adlátere de García Nieto en el Ayuntamiento. Cabe preguntarse, qué tipo de eventos entran en la imaginación del Presidente para que la ciudadanía tenga que sufragar 35.000 euros para mantener a un responsable de protocolo, en una administración pública avocada a las necesidades del mundo rural; como la necesidad de pagar igual cantidad por un asesor con la cantidad de funcionarios con los que cuenta la Diputación, lo que demuestra la carencia de consideración que se tiene de ellos. O el por qué se decide de forma unilateral aumentar el sueldo a un auxiliar administrativo 9.000 euros al año creando una discriminación salarial entre eventuales de la misma categoría.
Todo parece interpretarse en otra dirección, la de los intereses personales del Presidente en la órbita de poder de su propio partido; pero, eso sí, a costa de la finalidad de la institución y de los ciudadanos.

DIPUTADO PROVINCIAL TRATO CIUDADANO
–Rubén Arroyo Nogal-