29 marzo, 2016

Mociones de Trato Ciudadano al Pleno de la Diputación Provincial

Grupo Provincial





Diputación Provincial de Ávila




AL PLENO DEL 28 DE MARZO DE 2016


Don Rubén Arroyo Nogal como Portavoz del Grupo Provincial Trato Ciudadano en la Excma. Diputación Provincial de Ávila según lo dispuesto en el art. 97.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales, presenta ante este Pleno Corporativo, para su inclusión en el orden del día, la siguiente PROPOSICIÓN a fin de que sea debatida y sometida a votación por el Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En 2013, la Comisión Europea recibió el mandato de los estados miembros de la Unión Europea (UE) de negociar con los Estados Unidos (EEUU) el Tratado Transatlántico del Comercio y de la Inversión (más conocido como TTIP por sus siglas en inglés),  presuntamente con el fin de incrementar el comercio entre la UE y EEUU, reduciendo las barreras no arancelarias, con objeto de conseguir crear empleo, crecimiento económico y mejora de la competitividad.

Desde entonces, UE y EEUU están negociando, de espaldas a la ciudadanía y a sus representantes políticos (parlamentos nacionales y europeo) un amplio acuerdo de liberalización de comercio e inversiones, que representa un serio peligro para la democracia y la debida protección de los derechos laborales, medioambientales y de salud, anteponiendo el interés comercial de los inversores y empresas transnacionales (ETN) al interés general. Los estados miembros desconocen el mandato oficial de la Comisión. La información es muy limitada y la práctica de implicar solamente a un número muy pequeño de agentes para seguir las negociaciones es fuertemente criticada por los municipios puesto que el resultado de dichas negociaciones tendrá implicaciones importantes para las entidades locales.

Esta ausencia de transparencia y limitación en la participación de los ciudadanos y sus representantes chocan frontalmente con la filosofía y las señas de identidad de Trato Ciudadano.

El TTIP contempla medidas para la protección de los inversores que incluyen el mecanismo conocido como ISDS (siglas en inglés del mecanismo de resolución de conflictos entre Estados e Inversores). Este órgano tendría competencias para establecer compensaciones económicas de los estados a los inversores siempre que estos demuestren que aquellos aplican ciertas medidas que reduzcan los beneficios presentes o futuros de una compañía. El Estado en este caso puede recurrir judicialmente la decisión y le pueden




dar la razón, pero le va a suponer unos costes procesales muy elevados. Además, las decisiones de los órganos de arbitraje son firmes y no pueden ser apeladas. Estas fórmulas no son necesarias en países con sistemas legales y judiciales altamente desarrollados, tales como la Unión Europea y los Estados Unidos.

El TTIP, al perseguir la liberalización total de los servicios públicos y la apertura de prestación de los mismos a las ETN, así como a las compras y licitaciones de bienes y servicios de las Administraciones Públicas, pone en peligro todos los servicios públicos y las compras públicas, en todos los niveles de poder, y compromete seriamente la capacidad de los representantes elegidos para administrar libremente sus comunidades locales y promocionar la industria, empleo e iniciativas locales. Esta Diputación también es objeto de estas limitaciones por lo que debe reaccionar en defensa de sus competencias en el ámbito de los servicios que presta a la ciudadanía.

La competitividad y el desarrollo económico no deberían ser los únicos criterios para determinar los acuerdos comerciales como el TTIP. Así mismo, los aspectos ecológicos y sociales tienen que ser considerados en cualquier negociación comercial bilateral. También es importante que se realice un análisis comparativo sobre los costes que se generarían en estos ámbitos con la aplicación del tratado respecto a las supuestas ventajas que reportaría el mismo. Este análisis no sólo debe implicar sus efectos económicos potenciales, sino también los impactos que el TTIP podría tener en ámbitos como el social, el económico, el sanitario, el cultural y el medioambiental, tanto en la UE como en los EEUU. Ya son centenares los municipios europeos que han presentado moratorias al TTIP y son municipios declarados opuestos al Tratado.

El TTIP se discute a nivel europeo, pero tendrá consecuencias directas en las políticas locales. El Tratado restará soberanía en el ámbito local para decidir sobre las políticas públicas que más directamente afectan a la ciudadanía. Creemos que dicho tratado no se está negociando con la debida transparencia teniendo en cuenta las importantes consecuencias que sufriría la población, entre las que cabe destacar:
ü  Deterioro de los sistemas públicos de Sanidad, Educación y Pensiones.
ü  Recortes en los derechos laborales de los trabajadores y trabajadores y también en las libertades sindicales.
ü  Las normativas que regulan los derechos de los consumidores sufrirán una fuerte rebaja en los estándares de protección al desaparecer el “principio de precaución”.d
ü  Pérdida de soberanía alimentaria y amenaza del comercio regional y local.
ü  Establecimiento de una regulación en materia de propiedad intelectual y derechos digitales que impedirá el acceso universal a la cultura y el conocimiento.
ü  Entrada de productos transgénicos y carne hormonada y tratada con antibióticos, todos ellos hoy prohibidos por la UE por ser peligrosos para la salud.




ü  Instauración de tribunales de arbitraje privados.
ü  Creación del Comité de Cooperación Reguladora que permite a los lobbies corporativos establecer leyes socavando la soberanía de los Parlamentos.


Por lo expuesto, el Grupo Provincial Trato Ciudadano presenta al Pleno esta PROPOSICIÓN para que se considere y se someta a votación para el siguiente


ACUERDO.

1. Declarar la provincia de Ávila como provincia opuesta al TTIP, defendiendo los servicios públicos básicos para la solidaridad y redistribución social y el impulso de la economía y el empleo local.
2. Solicitar del futuro Ministerio de Economía o su equivalente en el organigrama de gobierno que se establezca, la suspensión de las negociaciones del TTIP y otros acuerdos comerciales similares, con la finalidad de conseguir:
*        que mecanismos como el ISDS no sean incluidos en éste ni ningún otro tratado
*        defender la actual política reguladora de la UE y de sus Estados de manera que no se pierdan competencias en materias de legislación social, laboral, protección al consumidor y medio ambiente
*        que el tratado no se limite a objetivos meramente económicos y se le dé la misma importancia y sean de tratados de igual forma en el acuerdo los objetivos sociales y los ambientales
*        que se acabe con la actual falta de transparencia de las negociaciones, se haga pública toda la información y se abra un debate público en la UE y en sus respectivos parlamentos nacionales
*        que los servicios públicos y la propiedad intelectual sean excluidos del acuerdo.


En Ávila, 21 de marzo de 2016







Rubén Arroyo Nogal
Portavoz del Grupo Provincial de Trato Ciudadano











MOCIÓN AL PRÓXIMO PLENO

D. Carlos Moral Herranz, como Portavoz del Grupo Provincial de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y D. Rubén Arroyo Nogal como Portavoz del Grupo Provincial Trato Ciudadano en la Excma. Diputación Provincial de Ávila, a tenor de lo establecido en el artículo 97.2 del Real Decreto 2568/1986, del 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, somete al pleno de la Corporación para su toma en consideración, si procede, la presente proposición conjunta que deberá incluirse expresamente como punto del orden del día para la primera sesión que se convoque:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS


            En el Pleno de 30 de noviembre UPyD presenta una moción para “Instar a la Junta de Castilla y León para que se comprometa llegar a un acuerdo con la Comunidad de Madrid, para que Ávila y Segovia se integren dentro de la zona E y así poder gozar de los mismos derechos y ventajas que otras Comunidades y favorecer el crecimiento y desarrollo de los municipios de éstas provincias”, donde todos los partidos políticos mostraron su apoyo y se aprobó por unanimidad.

            A primeros de este mes, nos enteramos por la prensa de que  la Junta de Castilla  y león, y la Comunidad de Madrid iban a firmar un nuevo convenio, donde se verá reducido el importe del abono ordinario mensual de transporte Ávila-Madrid, en autobús. El nuevo convenio pretende beneficiar a 1.200 usuarios recurrentes de Segovia y 200 de Ávila, su mayoría trabajadores y estudiantes y donde se deja fuera a los usuarios del ferrocarril de nuestra provincia, que también son la mayoría trabajadores y estudiantes.

Según las declaraciones del Director General, la implantación de este nuevo acuerdo se prevé que se lleve a cabo en el segundo trimestre del año 2016, por lo que entendemos que estamos a tiempo de mejorar dicho acuerdo sin discriminar a los usuarios según su medio de transporte.

Las nuevas opciones, si bien mejoran lo anterior, no cumplen con las peticiones de la Plataforma en defensa del abono E de Ávila, ni tampoco con las   necesidades de los usuarios, siguiendo con el agravio comparativo, con los usuarios de otras provincias limítrofes de la Capital.





PROPOSICIÓN



- Instar a la Junta de Castilla y León  a que hagan extensivo este nuevo convenio a los usuarios del ferrocarril, hasta que se llegue a un acuerdo para la implantación del abono E.

- Ante la posibilidad de que la Junta se niegue a hacer extensivo este convenio a los usuarios del ferrocarril, proponemos utilizar la partida presupuestaria de esta Diputación destinada a “bonificar el peaje” de la autovía de la AP-51 para compensar el agravio comparativo que sufren los usuarios del ferrocarril con este convenio.







Ávila, a 28 de Marzo de 2016






     Fdo. Carlos Moral Herranz                              Rubén Arroyo Nogal
Portavoz del Grupo Provincial de UPyD       Portavoz del Grupo Provincial de Trato Ciudadano







ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

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