Grupo Provincial
Diputación Provincial de Ávila
AL PLENO DEL 30 DE OCTUBRE DE 2017
Don
Rubén Arroyo Nogal como Portavoz del Grupo Provincial Trato Ciudadano en la Diputación Provincial
de Ávila según lo dispuesto en el art. 97.2 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales, presenta ante este
Pleno Corporativo, para su inclusión en el orden del día, la siguiente
PROPOSICIÓN a fin de que sea debatida y sometida a votación por el Pleno.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Entre los mecanismos con los que
cuentan las administraciones públicas para prestar servicios y/o adquirir
bienes necesarios para la consecución de sus fines y valores fundamentales (cohesión
social, redistribución de la riqueza, igualdad y justicia) es la contratación
pública.
La contratación pública
representa alrededor de 20% del PIB de España, según el Observatorio de
Contratación Pública.
En últimos años, la regulación
jurídica de esta materia ha sufrido numerosas modificaciones, algunas de
importante calado, para cumplir con las exigencias del Derecho europeo o para adaptarse
a la situación de crisis económica.
Los objetivos de las
administraciones locales en este ámbito deben estar dirigidos a la consecución
de una contratación pública sostenible y socialmente responsable que tenga en
cuenta, no sólo el precio del contrato.
En la actualidad, la Diputación
Provincial de Ávila prioriza, en la mayor parte de los procedimientos, el
criterio del precio más bajo para la adjudicación de contratos. Pero la oferta
económicamente más ventajosa no tiene porque identificarse siempre con la del
precio más bajo, ni la oferta más idónea es siempre la más barata.
La Directiva 2014/24/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 incide en la
aplicación de otros criterios de adjudicación, como los criterios sociales,
medioambientales, o de innovación, prioritarios también en aras a un
crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Directrices acordes a la Estrategia
Europa 2020, en la que la contratación pública desempeña un papel clave.
En esta misma directiva se hace
referencia a los contratos de prestaciones directas a ciudadanos en el ámbito
sanitario o social resulta necesario un tratamiento más alejado del mercado,
dado el carácter estratégico de las necesidades a satisfacer y, por ello, deben
ser prestados desde una estricta perspectiva de calidad.
Para cumplir estos objetivos
existen lo que se conoce como cláusulas sociales, que son condiciones
especiales de ejecución que contemplan aspectos como igualdad, accesibilidad,
seguridad y salud laboral, estabilidad en el empleo, formación... No obstante,
la selección de estas cláusulas se realizará siempre atendiendo a la naturaleza
del contrato.
El Pleno del Congreso aprobaba el pasado jueves 19 la Ley de Contratos del
Sector Público que entrará en vigor en cuatro
meses tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Una Ley que
pretende lograr una mayor transparencia
en la contratación pública y conseguir una mejor relación calidad-precio,
para lo que vela para que en los criterios de adjudicación se incluyan aspectos
cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados al objeto del
contrato.
Hasta el momento, la inclusión de cláusulas sociales en los Pliegos de
Contratación elaborados por la Diputación Provincial de Ávila se ha limitado
básicamente al desempate en caso de igualdad de puntos entre dos o varias
empresas licitadoras, cláusulas que no se han llegado a ejecutar nunca.
Por lo
expuesto, el Grupo Provincial Trato Ciudadano presenta al Pleno esta
PROPOSICIÓN para que se considere y se someta a votación para el siguiente
ACUERDO.
1.
Que la Diputación Provincial elabore una ”Instrucción
administrativa para la incorporación de Cláusulas Sociales a los pliegos de
contratación pública” de la Diputación, Organismos Autonomos y otros entes
dependientes de la misma antes de la entrada en vigor de la nueva Ley de
Contratos del Sector Público y que, como no puede ser de otra manera, se adapte
al nuevo marco legal.
2.
Que dicha Instrucción sea elaborada con un proceso
participativo entre los grupos políticos representados en este pleno y los
agentes y/o colectivos sociales involucrados en la contratación pública y a los
que vayan dirigidos las clausulas sociales propuestas en la instrucción.
3.
Que la Instrucción tendrá la consideración de ”base
abierta”, a la que la experiencia del trabajo desarrollado, con la aportación
de todas las personas que intervienen en los procesos de contratación y el
asesoramiento de los agentes sociales, vaya dándole dimensión y concrección,
sin menoscabo de eficacia y eficiencia que rigen el gasto público y observancia
de los principios generales que rigen la actividad contractual de la
administración y, en particular, los de concurrencia, igualdad y no
discriminación.
4.
Y que en los contratos vigentes, se evite la prórroga de
aquellos que no cumplan las nuevas cláusulas establecidas en la instrucción.
En Ávila, 18 de
octubre de 2017
Rubén Arroyo Nogal
Portavoz del Grupo Provincial de Trato Ciudadano
