Grupo
Municipal
Ayuntamiento de Ávila
AL
PLENO DEL 26 DE FEBRERO DE 2016
Doña
Alba Moreno Tejedor como Portavoz del Grupo Municipal Trato Ciudadano en el
Ayuntamiento de Ávila según lo dispuesto en el art. 97.2 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales,
presenta ante este Pleno Corporativo, para su inclusión en el orden del día, la
siguiente PROPOSICIÓN a fin de que sea debatida y sometida a votación por el
Pleno.
EXPOSICIÓN
DE MOTIVOS
En 2013, la Comisión
Europea recibió el mandato de los estados miembros de la Unión Europea (UE) de
negociar con los Estados Unidos (EEUU) el Tratado Transatlántico del Comercio y
de la Inversión (ATCI, más conocido como TTIP por sus siglas en inglés),
también conocido como Acuerdo Trasatlántico de Libre Comercio (TAFTA)
presuntamente con el fin de incrementar el comercio entre la UE y EEUU,
reduciendo las barreras no arancelarias, con objeto de conseguir crear empleo,
crecimiento económico y mejora de la competitividad.
Desde entonces, UE y
EEUU están negociando, de espaldas a la ciudadanía y a sus representantes
políticos (parlamentos nacionales y europeo) un amplio acuerdo de
liberalización de comercio e inversiones, que representa un serio peligro para
la democracia y la debida protección de los derechos laborales,
medioambientales y de salud, anteponiendo el interés comercial de los
inversores y empresas transnacionales (ETN) al interés general. Los estados
miembros desconocen el mandato oficial de la Comisión. La información es muy
limitada y la práctica de implicar solamente a un número muy pequeño de agentes
para seguir las negociaciones es fuertemente criticada por los municipios
puesto que el resultado de dichas negociaciones tendrá implicaciones
importantes para las entidades locales.
Esta ausencia de
transparencia y limitación en la participación de los ciudadanos y sus
representantes chocan frontalmente con la filosofía y las señas de identidad de
Trato Ciudadano.
El TTIP contempla
medidas para la protección de los inversores que incluyen el mecanismo conocido
como ISDS (siglas en inglés del mecanismo de resolución de conflictos entre
Estados e Inversores). Este órgano tendría competencias para establecer
compensaciones económicas de los estados a los inversores siempre que estos
demuestren que aquellos aplican ciertas medidas que reduzcan los beneficios
presentes o futuros de una compañía. El Estado en este caso puede recurrir
judicialmente la decisión y le pueden dar la razón, pero le va a suponer unos
costes procesales muy elevados. Además, las decisiones de los órganos de
arbitraje son firmes y no pueden ser apeladas. Estas fórmulas no son necesarias
en países con sistemas legales y judiciales altamente desarrollados, tales como
la Unión Europea y los Estados Unidos.
El TTIP, al
perseguir la liberalización total de los servicios públicos y la apertura de
prestación de los mismos a las ETN, así como a las compras y licitaciones de
bienes y servicios de las Administraciones Públicas, pone en peligro todos los
servicios públicos y las compras públicas, en todos los niveles de poder, y
compromete seriamente la capacidad de los representantes elegidos para
administrar libremente sus comunidades locales y promocionar la industria,
empleo e iniciativas locales. Este Ayuntamiento de Ávila también es objeto de
estas limitaciones por lo que debe reaccionar en defensa de sus competencias en
el ámbito de los servicios que presta a la ciudadanía.
La competitividad y
el desarrollo económico no deberían ser los únicos criterios para determinar
los acuerdos comerciales como el TTIP. Así mismo, los aspectos ecológicos y
sociales tienen que ser considerados en cualquier negociación comercial
bilateral. También es importante que se realice un análisis comparativo sobre
los costes que se generarían en estos ámbitos con la aplicación del tratado
respecto a las supuestas ventajas que reportaría el mismo. Este análisis no
sólo debe implicar sus efectos económicos potenciales, sino también los
impactos que el TTIP podría tener en ámbitos como el social, el económico, el
sanitario, el cultural y el medioambiental, tanto en la UE como en los EEUU. Ya
son centenares los municipios europeos que han presentado moratorias al TTIP y
son municipios declarados opuestos al Tratado. En España ya son más de 46 los
ayuntamientos que han aprobado mociones similares a la que hoy se presenta en
Ávila.
El TTIP se discute a
nivel europeo, pero tendrá consecuencias directas en las políticas locales. El
Tratado restará soberanía en el ámbito local para decidir sobre las políticas
públicas que más directamente afectan a la ciudadanía. Creemos que dicho
tratado no se está negociando con la debida transparencia teniendo en cuenta
las importantes consecuencias que sufriría la población, entre las que cabe
destacar:
ü Deterioro de los
sistemas públicos de Sanidad, Educación y Pensiones, a favor de un sistema
donde las corporaciones privadas tengan más presencia.
ü Recortes en los
derechos laborales de los trabajadores y trabajadores y también en las
libertades sindicales.
ü Las normativas que
regulan los derechos de los consumidores sufrirán una fuerte rebaja en los
estándares de protección al desaparecer el “principio de precaución” que evita
la puesta en el mercado de productos sin que se garantice que no son dañinos
para la salud de las personas.
ü Pérdida de soberanía
alimentaria y amenaza del comercio regional y local por “armonización” de
barreras no arancelarias y supresión de certificados de origen. En este sentido
conviene recordar que nuestra ciudad es capital de una provincia en la que se
producen tres productos reconocidos por una Indicación Geográfica Protegida y
uno por una Denominación de Origen, cuya desprotección tendría unos efectos
evidentes en cuanto al empleo y la economía local.
ü Establecimiento de
una regulación en materia de propiedad intelectual y derechos digitales en
beneficio de las grandes corporaciones impidiendo el acceso universal a la
cultura y el conocimiento.
ü Entrada de productos
transgénicos y carne hormonada y tratada con antibióticos, todos ellos hoy
prohibidos por la UE por ser peligrosos para la salud.
ü Instauración de
tribunales de arbitraje privados, conocidos como ISDS que pueden demandar a un
estado, región o municipio por ver sus intereses comerciales amenazados y que
conllevarían el pago de indemnizaciones millonarias.
ü Creación del Comité
de Cooperación Reguladora que permite a los lobbies corporativos establecer
leyes acordes a sus intereses particulares socavando la soberanía de los
Parlamentos estatales o territoriales.
ü Es un tratado que
beneficia claramente a las corporaciones por encima de los derechos de las
personas y el medio ambiente.
Por
lo expuesto, el Grupo Municipal Trato Ciudadano presenta al Pleno esta
PROPOSICIÓN para que se considere y se someta a votación para el siguiente
ACUERDO.
1. Declarar al Municipio de Ávila como Municipio
opuesto al TTIP, defendiendo los servicios públicos básicos para la solidaridad
y redistribución social y el impulso de la economía y el empleo local.
2. Solicitar del futuro Ministerio de Economía o
su equivalente en el organigrama de gobierno que se establezca, la suspensión
de las negociaciones del TTIP y otros acuerdos comerciales similares, con la
finalidad de conseguir:
*
que mecanismos como el ISDS no sean incluidos en éste ni ningún otro
tratado
*
defender la actual política reguladora de la UE y de sus Estados de
manera que no se pierdan competencias en materias de legislación social,
laboral, protección al consumidor y medio ambiente
*
que el tratado no se limite a objetivos meramente económicos y se le dé
la misma importancia y sean de tratados de igual forma en el acuerdo los
objetivos sociales y los ambientales
*
que se acabe con la actual falta de transparencia de las negociaciones,
se haga pública toda la información y se abra un debate público en la UE y en
sus respectivos parlamentos nacionales
*
que los servicios públicos y la propiedad intelectual sean excluidos del acuerdo.
En Ávila, 19 de febrero de 2016
Alba
Moreno Tejedor
Portavoz
del Grupo Municipal de Trato Ciudadano
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