Grupo Provincial
Diputación Provincial de Ávila
AL PLENO DEL 29 DE FEBRERO DE 2016
Don
Rubén Arroyo Nogal como Portavoz del Grupo Provincial Trato Ciudadano en la
Diputación Provincial de Ávila según lo dispuesto en el art. 97.2 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
locales, presenta ante este Pleno Corporativo, para su inclusión en el orden
del día, la siguiente PROPOSICIÓN a fin de que sea debatida y sometida a
votación por el Pleno.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En el mes de septiembre del pasado
año, el pleno de Diputación Provincial de Ávila acordó por unanimidad, a
propuesta de Trato Ciudadano, la realización de una evaluación externa de la
Relación de Puestos de Trabajo de esta administración, a fin de adecuarla a la
realidad organizativa y competencial actual de la Diputación.
Cinco meses después, tras la
aprobación de los presupuestos que incluían una partida para dicho fin, la
propuesta va tomando forma y, en un corto periodo de tiempo, saldrán a concurso
las bases para realizar dicha auditoría.
Como ya se indicaba en la exposición
de motivos de aquella proposición: “La edad media de los trabajadores de esta
casa es alta y se abre ante nosotros la posibilidad de llevar a cabo esa
reforma estructural de una forma ordenada, paulatina, rápida y sin trastorno
para la calidad del servicio ofertado”. No es casualidad que la mayoría de
personal, que en los próximos cuatro años dejará de prestar servicios en esta
casa, son funcionarios de carrera. Funcionarios, como ya saben no sobran en la
Diputación, a pesar de que según el EBEP debería ser el procedimiento de acceso
prioritario a cualquier administración pública, pero, causalmente, las ofertas
de empleo público en los últimos veinte años, siendo generoso en la
terminología, han sido testimoniales.
El equipo de gobierno, bajo el
amparo del futuro estudio de la RPT, ha encontrado el paraguas para aplazar, y
no afrontar, el desaguisado que en materia de personal tiene la Diputación
y va parcheando las necesidades del servicio dando carácter de legalidad a
situaciones inverosímiles heredadas de anteriores gestores.
Pero la realidad, y el día a día,
llaman a la puerta y mientras se analiza, se negocia, se aprueba y se pone en
marcha la futura Relación de Puestos de Trabajos (unos cuantos meses) son
varios los puestos de trabajo, algunos de ellos de especial relevancia como
jefaturas de servicio, se quedan vacíos y/o se ocupan con rocambolescos
nombramientos.
Ante esta situación se hace
necesario cubrir determinadas plazas vacantes por su importancia en el funcionamiento
de la estructura de la Diputación, más cuando, en los Presupuestos Generales
del Estado, parece levantarse ligeramente el veto a la contratación pública
permitiendo una tasa de reposición del 50% e instando a las administraciones a
mantener las restricciones a la contratación de personal laboral temporal y al
nombramiento de funcionarios interinos, atribuyendo a esta un carácter
rigurosamente excepcional y vinculándolo a necesidades urgentes e inaplazables.
Dice el Preámbulo del Real Decreto
896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los
funcionarios de Administración Local que “la selección de todo el personal
ya sea funcionario, ya laboral, debe realizarse de acuerdo con la
correspondiente oferta de empleo público, mediante convocatoria pública y a
través del sistema de concurso, oposición o concurso oposición libre, en los
que se garanticen, en todo caso, los principios de igualdad, mérito y
capacidad, así como el de publicidad.”
En el Estatuto Básico del Empleado
Público así como en varios Reales Decretos se hablan de que “Las necesidades
de recursos humanos que no puedan ser cubiertas con los efectivos de personal
existentes serán objeto de oferta de empleo público”y que estas se harán “en
el primer trimestre de cada año”.
Por lo
expuesto, el Grupo Provincial Trato Ciudadano presenta al Pleno esta
PROPOSICIÓN para que se someta a votación el siguiente ACUERDO:
1.- Iniciar el procedimiento
urgente para la elaboración de una Oferta de Empleo Público para el año 2016,
de cara a publicarse en el mes de marzo. Atendiendo a las necesidades reales de
cobertura de plazas vacantes necesarias
por razones de servicio.
En Ávila, 24 de febrero de 2016
Rubén Arroyo Nogal
Portavoz del Grupo Provincial de Trato Ciudadano
Grupo Provincial
Diputación
Provincial de Ávila
AL PLENO DEL 29 DE FEBRERO DE 2016
Don
Rubén Arroyo Nogal como Portavoz del Grupo Provincial Trato Ciudadano en la Diputación Provincial
de Ávila según lo dispuesto en el art. 97.2 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales, presenta ante este
Pleno Corporativo, para su inclusión en el orden del día, la siguiente
PROPOSICIÓN a fin de que sea debatida y sometida a votación por el Pleno.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El artículo 20 de la Constitución Española
establece el derecho de toda la ciudadanía a la libertad de expresión y de
información, fijando que deben ser las administraciones públicas las garantes
de que sus administrados reciban una información veraz, a través de cualquier
medio de comunicación, bajo los preceptos del respeto a la pluralidad de la
sociedad y a las diversas lenguas de España.
Por lo que estar informado debe ser
y es un derecho público y, por tanto, las administraciones deben velar por el
cumplimiento de dicho servicio de acuerdo a la Carta Magna. Evitando
las concentraciones periodísticas, los monopolios y favorecer la pluralidad, mediante
la adecuada utilización del presupuesto público bajo su potestad. Además esta
intervención debe estar bajo control y estricta regulación, con el fin de
evitar posibles condicionamientos políticos o institucionales
de los medios.
La libertad de prensa y el acceso a la
información pública constituyen la única garantía para la existencia de un
auténtico sistema democrático. La libertad y el pluralismo sólo pueden
garantizarse con el máximo respeto a los derechos de libertad de expresión e
información, sin presiones políticas ni económicas.
El derecho a la información garantiza una
opinión pública libre. En una democracia avanzada, los ciudadanos deben tener
un adecuado conocimiento de la realidad que les rodea; fundamental para que éstos pueda tomar
sus decisiones de forma consciente y meditada. Sin ese conocimiento sería
imposible que sus opciones personales pudieran ser verdaderamente libres y
pueda existir un adecuado control popular del poder público.
Así es, que Trato Ciudadano defiende que la pluralidad en los medios de
comunicación implica limitar
la propiedad de las empresas de comunicación, impidiendo disponer de acciones
en distintas
empresas de comunicación; en segundo lugar, requiere fortalecer la posición del
periodista, para dotar a éste de capacidad de resistencia frente a las
presiones de los directores, empresarios y gestores de los medios. Estamos
hablando de la objeción de conciencia periodística: el derecho a no firmar, a
negarse a participar en la elaboración de informaciones contrarias a los
principios éticos de la comunicación, al despido con indemnización por cambios
en la línea editorial, etc.
Trato Ciudadano, en estos momentos,
cree necesario el establecimiento y mantenimiento de ayudas públicas, pero
reguladas de forma muy rigurosa evitando que los poderes públicos condicionen a
los medios, interviniendo en aquellos mercados informativos cerrados,
compensando así la falta de pluralismo. Consideramos dada la opacidad de las
partidas presupuestarias destinadas a los medios y el reparto de las mismas que
a día de hoy se hace más necesario que nunca.
Es por esto que las subvenciones, y
cualesquiera otra partida presupuestaria destinada a los medios de
comunicación, como aquellas con fines publicitarios,
deben ser de conocimiento público, con el fin de evitar dudas y desconfianza
sobre el verdadero fin de las mismas. Esta es, en buena medida, la esencia de
la transparencia: por un lado eliminar toda duda o sospecha y por otro servir a
la participación directa de la ciudadanía en las instituciones, en especial a
nivel local, donde la democracia directa no sólo es posible, si no necesaria.
En esta casa, según los presupuestos
aprobados el pasado mes de enero, nos gastaremos 210.000,00 € (un 0,39% del
presupuesto) en Publicidad y Comunicación. Gran parte de dichas partidas irán a
parar a medios de comunicación privados en base a las políticas de comunicación
de la Diputación.
Preguntado, por este portavoz, en
comisión sobre los criterios y sobre cuál era el órgano competente para la
distribución y el reparto de dichas cuantías se obtuvo la respuesta de que la
competencia recaía en el Gabinete de Presidencia. Lo que nos lleva a la duda de
si son trabajadores eventuales los que deciden y adjudican que medios y en que
cuantías reciben publicidad institucional.
Para Trato Ciudadano es una
necesidad regular los criterios de adjudicación de los contratos, acuerdos y/o
convenios, garantizando un trato igualitario y objetivo a los distintos medios
de comunicación provinciales.
Por todo
ello, reivindicamos la lucha activa contra los monopolios periodísticos, así
como la transparencia más absoluta en relación a las partidas presupuestarias
destinadas a los medios de comunicación privados, en favor de una adecuada
separación de poderes, que garantice el acceso de la información a la
ciudadanía.
Por lo
expuesto, el Grupo Provincial Trato Ciudadano presenta al Pleno esta
PROPOSICIÓN para que se someta a votación el siguiente ACUERDO:
1.-
Se establezca un reparto objetivo del dinero que esta Diputación Provincial
destina a los medios de comunicación con el que se difunden los eventos
provinciales y la difusión institucional, terminando así con la
discrecionalidad en el reparto de dichas partidas que existe en la actualidad.
2.- Que para el cumplimiento del
punto 1. se fijen por consenso un Reglamento entre todos los grupos políticos
de la institución que fije unos criterios objetivos de asignación y
distribución en un plazo de 3 meses.
3.- Que,
en el proceso de mejora de la transparencia de esta administración, se incluya
el desglose de los montantes económicos percibidos por los distintos medios de
comunicación de ámbito provincial en los últimos tres años; con el detalle de
la cuantía, la concreta empresa de comunicación y el concepto (subvención,
publicidad institucional, etc.).
En Ávila, 22 de febrero de 2016
Rubén Arroyo Nogal
Portavoz del Grupo Provincial de Trato Ciudadano
No hay comentarios:
Publicar un comentario