NOTA DE PRENSA
TRATO CIUDADANO ELEVA QUEJAS AL
DELEGADO CONTRA EL SERVICIO DE INDUSTRIA DE LA JUNTA
El Servicio de Industria, Comercio y Turismo de la
Junta de Castilla y León obstaculiza, veta y desgaja la información pública
sobre la Concesión Minera de la Sierra de Ávila.
Trato Ciudadano ha elevado, en dos ocasiones, escritos
de queja al Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, sin
que éste les haya contestado, por el tratamiento torticero, irregular y de
censura recibido al consultar y pedir formalmente copia de todo el Expediente
Minero relativo a la Concesión tan negativa e irreversible que se pretende
ejecutar en plena Sierra de Ávila y que se conoce como “LEITO Nº 1122”.
Al parecer al Jefe del Servicio
Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Ávila le gusta que los
particulares, representantes de organizaciones e incluso los servidores
públicos tengan que recurrir a los juzgados para consultar y obtener copias de
expedientes públicos completos, como es el caso del expediente de dicha
explotación minera. Y no es muy proclive a atender personalmente a quien lo
solicita escondiéndose en su despacho bajo llamadas de teléfono y reuniones.
Consideramos que dos visitas a las
dependencias del Servicio Territorial de Industria, acreditando nuestra
representación legal y nuestro interés en el expediente, formulando dos
solicitudes detalladas por escrito, pagando las tasas establecidas en el
Boletín Oficial de Castilla y León, además de elevar dos Quejas al Delegado Territorial,
hubiesen sido más que suficientes para obtener una copia de todo el Expediente,
pero el resultado ha sido todo lo contrario, pues nos han entregado un
Expediente incompleto y desgajado, sin motivo ni razón legal que lo justifique
y que impide que Trato Ciudadano conozca toda la información de la Concesión
Minera antes de que se cierre el plazo legal establecido para presentar alegaciones. Ni Trato Ciudadano ni
nadie.
En concreto, son al menos 137 los
folios que han sido ocultados del Expediente según la numeración del mismo.
Por todo lo anterior desde Trato
Ciudadano le volvemos a recordar al Delegado Territorial, con el fin de que le
haga entender y ajustarse a la legalidad al Jefe del Servicio de Industria que
nuestra petición se ajusta, entre otras a las siguientes normas: la
Constitución Española, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso
a la información pública y buen gobierno, la Ley 27/2006, de 18 de julio, por
la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación
pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las
Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE), La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
No debería olvidar el Jefe del
Servicio de Industria, Comercio y Turismo y por ello informarle en detalle al
Delegado Territorial que al menos en el año 2011 ese Servicio de Industria fue
sentenciado en el Juzgado de lo Contencioso de Ávila y después también en el
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, imponiéndosele el pago de
costas, por un caso similar de consulta y acceso a la información. Consideramos
muy lamentable por lo tanto tener que llegar a esa situación e incluso de
reclamar las responsabilidades, incluidas las patrimoniales contra el cargo
público que resulte ser el responsable de este atropello.
En Ávila a 3 de noviembre de 2016.
1 comentario:
Muy bien gracias por estar en la brecha
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