TRATO CIUDADANO SOLICITA QUE SE ACABE CON LAS
CONTRATACIONES IRREGULARES EN LA DIPUTACIÓN DE ÁVILA INMEDIATAMENTE.
Trato Ciudadano considera inaudita e intolerable la
deriva de la política, pasada y presente, en materia de personal de la Diputación
Provincial.
Como se ha podido
comprobar desde la entrada de Trato Ciudadano en la institución provincial,
esta plataforma política está intentando acabar con las malas praxis de la
organización interna de la Diputación Provincial.
A pesar de que en un
inicio parecía que el nuevo equipo de gobierno, surgido tras el “golpe de
estado” interno en el Partido Popular, quería iniciar ese proceso de cambio
real, la actualidad y el día a día dejan en evidencia que el interés y la
celeridad por iniciar ese camino dista mucho de lo deseable y que la
justificación bajo la que se cobijan - la futura evaluación externa de la RPT
aprobada a instancia de Trato Ciudadano y de la que seis meses después ni se
han publicado las bases para la contratación de la misma – empieza a sonar a
canto de sirenas.
Y es que llueve
sobre mojado, pues a pesar de la denuncia de Trato Ciudadano sobre posibles
irregularidades en la designación del personal eventual del Partido Popular
- denuncia avalada por un informe
posterior del propio Secretario de la administración provincial - no se ha
tomado ninguna medida al respecto nueve meses después.
Y para rizar el
rizo, el pasado 14 de marzo, en la Comisión de Recursos Humanos, el Partido
Popular aprobó en solitario, con la abstención del Diputado responsable del
área (por tener intereses personales) y la incomparecencia de los
representantes de IU y Ciudadanos una propuesta de reconocer de oficio como
personal laboral indefinido no fijo a 63 trabajadores de la casa contratados de
forma irregular o en fraude de ley, según su propio informe. De esos 63
trabajadores se sacó uno de la lista por un reconocimiento anterior en Junta de
Gobierno (Diciembre de 2010) – que también ponemos en entredicho su legalidad -
y se pretenden añadir otros 8 trabajadores del OAR y la Fundación Cultural
Santa Teresa en la misma situación; de los que a fecha de hoy desconocemos su
nombre, su puesto o su tipo de contrato.
Para justificar
dicho despropósito se incorporó al expediente un informe del jefe de Recursos
Humanos el cual, según el criterio de Trato Ciudadano, no es válido ya que este
funcionario debería haberse abstenido al tener intereses particulares en el
asunto. Pero no acaba aquí el despropósito, ya que el acuerdo firmado por el
equipo de gobierno y los sindicatos en la mesa técnica venía firmado por varios
de los interesados en el asunto o con intereses particulares en el mismo.
Del listado
facilitado, aún incompleto, se deduce fácilmente, y así es reconocido en los
propios informes del Jefe de RRHH y del Secretario, que la falta de publicidad,
mérito y capacidad en dichas contrataciones han sido la tónica general.
Reconocimiento que ataca a principios básicos de acceso a la función pública,
los cuales garantizan un funcionamiento objetivo de las instituciones públicas.
En dicho listado
aparecen trabajadores que han ido concatenando contratos laborales temporales, en
algún caso desde 1999, lo cual choca frontalmente con el concepto jurídico de
personal interino o por obra y servicio con el que fueron contratados. Además
los nombres y apellidos de algunos trabajadores no pasan desapercibidos por su
relación directa con miembros y ex miembros de la administración y cargos
públicos que nos lleva a pensar en posibles responsabilidades penales al respecto.
Recientemente
también se ha conocido por parte de esta plataforma política que existen
contratos “blindados” de los trabajadores de la Sociedad Pública Naturávila que
merecen un estudio pormenorizado y aparte.
Lo más sorprendente
es que en el último Pleno Ordinario celebrado en el mes de Febrero el Partido
Popular con la abstención del Partido Socialista Obrero Español, denegaron la
propuesta de Trato Ciudadano para sacar una Oferta de Empleo Público que vaya
solucionando el desaguisado en materia de personal. Todo ello a pesar de
reconocer el portavoz popular, en dicho pleno,
que la propuesta estaba bien formulada y motivada.
Aún así la
Diputación de Ávila sigue realizando contrataciones temporales, al menos 3
recientemente y si nada cambia estará avocada a renovar más contratos
temporales del listado presentado en la última comisión ya que finalizarán en
próximas fechas.
Ante esta situación
Trato Ciudadano ha solicitado informe preceptivo del Secretario, que una vez
más nos ha dado la razón por lo que la propuesta no llegará, aparentemente, al
Pleno y que se nos faciliten los contratos de dichos trabajadores, para
estudiar caso a caso por si fuera necesario iniciar acciones legales contra los
responsables.
Igualmente Trato
Ciudadano pide que “se ponga pie en pared” y se empiece a realizar una política
de personal acorde a la legislación vigente en la que prime la publicidad, la
igualdad, el mérito y la capacidad.
La materia de
selección de personal en la Diputación de Ávila viene siendo un clamor general
entre la ciudadanía desde hace años, ciertamente éste sí que es un motivo
esencial para pedir la desaparición de una institución que muestra un lastre de
clientelismo totalmente intolerable en un estado de derecho. Pero es además una
burla y un drama para quienes aspiran dignamente a un empleo público, el
“paquete” que se ha intentado/intenta regularizar representa cerca de un tercio
de la plantilla, por lo que no solamente no ha habido ofertas de empleo público
en los últimos años, sino que impediría que los hubiese en los años venideros.
30/03/2016
