Grupo Provincial
Diputación Provincial de
Ávila
AL PLENO DEL 28 DE MARZO DE 2016
Don Rubén Arroyo Nogal como Portavoz del Grupo Provincial
Trato Ciudadano en la Excma. Diputación
Provincial de Ávila según lo dispuesto en el art. 97.2 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales,
presenta ante este Pleno Corporativo, para su inclusión en el orden del día, la
siguiente PROPOSICIÓN a fin de que sea debatida y sometida a votación por el
Pleno.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En 2013, la Comisión
Europea recibió el mandato de los estados miembros de la Unión Europea (UE) de
negociar con los Estados Unidos (EEUU) el Tratado Transatlántico del Comercio y
de la Inversión (más conocido como TTIP por sus siglas en inglés), presuntamente con el fin de incrementar el
comercio entre la UE y EEUU, reduciendo las barreras no arancelarias, con
objeto de conseguir crear empleo, crecimiento económico y mejora de la
competitividad.
Desde entonces, UE y
EEUU están negociando, de espaldas a la ciudadanía y a sus representantes
políticos (parlamentos nacionales y europeo) un amplio acuerdo de
liberalización de comercio e inversiones, que representa un serio peligro para
la democracia y la debida protección de los derechos laborales,
medioambientales y de salud, anteponiendo el interés comercial de los
inversores y empresas transnacionales (ETN) al interés general. Los estados
miembros desconocen el mandato oficial de la Comisión. La información es muy
limitada y la práctica de implicar solamente a un número muy pequeño de agentes
para seguir las negociaciones es fuertemente criticada por los municipios
puesto que el resultado de dichas negociaciones tendrá implicaciones
importantes para las entidades locales.
Esta ausencia de
transparencia y limitación en la participación de los ciudadanos y sus
representantes chocan frontalmente con la filosofía y las señas de identidad de
Trato Ciudadano.
El TTIP contempla
medidas para la protección de los inversores que incluyen el mecanismo conocido
como ISDS (siglas en inglés del mecanismo de resolución de conflictos entre
Estados e Inversores). Este órgano tendría competencias para establecer
compensaciones económicas de los estados a los inversores siempre que estos
demuestren que aquellos aplican ciertas medidas que reduzcan los beneficios
presentes o futuros de una compañía. El Estado en este caso puede recurrir
judicialmente la decisión y le pueden
dar la razón, pero
le va a suponer unos costes procesales muy elevados. Además, las decisiones de
los órganos de arbitraje son firmes y no pueden ser apeladas. Estas fórmulas no
son necesarias en países con sistemas legales y judiciales altamente
desarrollados, tales como la Unión Europea y los Estados Unidos.
El TTIP, al
perseguir la liberalización total de los servicios públicos y la apertura de
prestación de los mismos a las ETN, así como a las compras y licitaciones de
bienes y servicios de las Administraciones Públicas, pone en peligro todos los
servicios públicos y las compras públicas, en todos los niveles de poder, y
compromete seriamente la capacidad de los representantes elegidos para
administrar libremente sus comunidades locales y promocionar la industria,
empleo e iniciativas locales. Esta Diputación también es objeto de estas
limitaciones por lo que debe reaccionar en defensa de sus competencias en el
ámbito de los servicios que presta a la ciudadanía.
La competitividad y
el desarrollo económico no deberían ser los únicos criterios para determinar
los acuerdos comerciales como el TTIP. Así mismo, los aspectos ecológicos y sociales
tienen que ser considerados en cualquier negociación comercial bilateral.
También es importante que se realice un análisis comparativo sobre los costes
que se generarían en estos ámbitos con la aplicación del tratado respecto a las
supuestas ventajas que reportaría el mismo. Este análisis no sólo debe implicar
sus efectos económicos potenciales, sino también los impactos que el TTIP
podría tener en ámbitos como el social, el económico, el sanitario, el cultural
y el medioambiental, tanto en la UE como en los EEUU. Ya son centenares los
municipios europeos que han presentado moratorias al TTIP y son municipios
declarados opuestos al Tratado.
El TTIP se discute a
nivel europeo, pero tendrá consecuencias directas en las políticas locales. El
Tratado restará soberanía en el ámbito local para decidir sobre las políticas
públicas que más directamente afectan a la ciudadanía. Creemos que dicho
tratado no se está negociando con la debida transparencia teniendo en cuenta
las importantes consecuencias que sufriría la población, entre las que cabe
destacar:
ü Deterioro de los
sistemas públicos de Sanidad, Educación y Pensiones.
ü Recortes en los
derechos laborales de los trabajadores y trabajadores y también en las
libertades sindicales.
ü Las normativas que
regulan los derechos de los consumidores sufrirán una fuerte rebaja en los
estándares de protección al desaparecer el “principio de precaución”.d
ü Pérdida de soberanía
alimentaria y amenaza del comercio regional y local.
ü Establecimiento de
una regulación en materia de propiedad intelectual y derechos digitales que
impedirá el acceso universal a la cultura y el conocimiento.
ü Entrada de productos
transgénicos y carne hormonada y tratada con antibióticos, todos ellos hoy
prohibidos por la UE por ser peligrosos para la salud.
ü Instauración de
tribunales de arbitraje privados.
ü Creación del Comité
de Cooperación Reguladora que permite a los lobbies corporativos establecer
leyes socavando la soberanía de los Parlamentos.
Por lo expuesto, el Grupo Provincial Trato Ciudadano
presenta al Pleno esta PROPOSICIÓN para que se considere y se someta a votación
para el siguiente
ACUERDO.
1. Declarar la provincia de
Ávila como provincia opuesta al TTIP, defendiendo los servicios públicos
básicos para la solidaridad y redistribución social y el impulso de la economía
y el empleo local.
2. Solicitar del futuro
Ministerio de Economía o su equivalente en el organigrama de gobierno que se
establezca, la suspensión de las negociaciones del TTIP y otros acuerdos
comerciales similares, con la finalidad de conseguir:
*
que mecanismos como el ISDS no sean incluidos en éste ni ningún otro
tratado
*
defender la actual política reguladora de la UE y de sus Estados de
manera que no se pierdan competencias en materias de legislación social, laboral,
protección al consumidor y medio ambiente
*
que el tratado no se limite a objetivos meramente económicos y se le dé
la misma importancia y sean de tratados de igual forma en el acuerdo los
objetivos sociales y los ambientales
*
que se acabe con la actual falta de transparencia de las negociaciones,
se haga pública toda la información y se abra un debate público en la UE y en
sus respectivos parlamentos nacionales
*
que los servicios públicos y la propiedad intelectual sean excluidos del
acuerdo.
En Ávila, 21 de marzo de 2016
Rubén Arroyo Nogal
Portavoz del Grupo Provincial de Trato
Ciudadano
MOCIÓN AL PRÓXIMO PLENO
D. Carlos Moral Herranz, como Portavoz del Grupo Provincial de Unión, Progreso
y Democracia (UPyD) y D. Rubén Arroyo Nogal como Portavoz del Grupo Provincial
Trato Ciudadano en la Excma. Diputación Provincial de Ávila, a tenor de lo
establecido en el artículo 97.2 del Real Decreto 2568/1986, del 28 de noviembre
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, somete al pleno de la Corporación para su
toma en consideración, si procede, la presente proposición conjunta que deberá
incluirse expresamente como punto del orden del día para la primera sesión que
se convoque:
EXPOSICIÓN
DE MOTIVOS
En el Pleno de 30 de noviembre UPyD
presenta una moción para “Instar a la Junta de Castilla y León para que se
comprometa llegar a un acuerdo con la Comunidad de Madrid, para que Ávila y
Segovia se integren dentro de la zona E y así poder gozar de los mismos
derechos y ventajas que otras Comunidades y favorecer el crecimiento y
desarrollo de los municipios de éstas provincias”, donde todos los partidos
políticos mostraron su apoyo y se aprobó por unanimidad.
A primeros de este mes, nos
enteramos por la prensa de que la Junta
de Castilla y león, y la Comunidad de
Madrid iban a firmar un nuevo convenio, donde se verá reducido el importe del
abono ordinario mensual de transporte Ávila-Madrid, en autobús. El nuevo
convenio pretende beneficiar a 1.200 usuarios recurrentes de Segovia y 200 de
Ávila, su mayoría trabajadores y estudiantes y donde se deja fuera a los
usuarios del ferrocarril de nuestra provincia, que también son la mayoría
trabajadores y estudiantes.
Según las
declaraciones del Director General, la implantación de este nuevo acuerdo se
prevé que se lleve a cabo en el segundo trimestre del año 2016, por lo que
entendemos que estamos a tiempo de mejorar dicho acuerdo sin discriminar a los
usuarios según su medio de transporte.
Las nuevas
opciones, si bien mejoran lo anterior, no cumplen con las peticiones de la
Plataforma en defensa del abono E de Ávila, ni tampoco con las necesidades de los usuarios, siguiendo con
el agravio comparativo, con los usuarios de otras provincias limítrofes de la
Capital.
PROPOSICIÓN
- Instar a la Junta de Castilla y León a que hagan extensivo este nuevo convenio a
los usuarios del ferrocarril, hasta que se llegue a un acuerdo para la
implantación del abono E.
- Ante la posibilidad de que la Junta se niegue a
hacer extensivo este convenio a los usuarios del ferrocarril, proponemos
utilizar la partida presupuestaria de esta Diputación destinada a “bonificar el
peaje” de la autovía de la AP-51 para compensar el agravio comparativo que
sufren los usuarios del ferrocarril con este convenio.
Ávila, a 28 de Marzo de 2016
Fdo. Carlos Moral Herranz Rubén Arroyo Nogal
Portavoz del Grupo Provincial de UPyD Portavoz del Grupo Provincial de Trato
Ciudadano
ILMO.
SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA
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